Vuelco electoral en el preludio de los comicios generales que se celebrarán en invierno. Las elecciones municipales y autonómicas del 28M, en las que estaban en juego los consistorios de más de 8.000 municipios de toda España y el gobierno de 12 comunidades, han supuesto un claro revulsivo para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y una derrota evidente para el PSOE de Pedro Sánchez. Aunque el resultado de las urnas obliga a los pactos en la mayoría de las regiones, la formación azul recupera terreno en todo el país de manera contundente. A nivel municipal, el PP pasa del 22,6% de los votos cosechados en 2019 al 31,5%. El PSOE, por su parte, cae del 29,4% de hace cuatro años al 28,1%.
El líder popular, como apuntaron las principales encuestas a pie de urna publicadas al cierre de los colegios electorales, sale reforzado de su primera cita con las urnas a nivel nacional y arrebata a los socialistas el primer puesto en plazas clave como la Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares. La formación azul también se hace con el primer puesto en Cantabria y se hace con una nueva absoluta en La Rioja. Además, mantiene con gran holgura las victorias en Murcia y, sobre todo, en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso también logra la mayoría absoluta. Los socialistas, que en 2019 habían sido la lista más votada en ocho de las 12 regiones que pasaron por las unas, solo lo consiguen en Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias. Los pactos serán claves en la mayoría de los parlamentos.
Los comicios del domingo también dejan importantes lecturas de cara a las próximas elecciones generales. Una de ellas es la práctica desaparición de Ciudadanos, cuya disolución ha supuesto un claro trasvase de votos hacia el PP, pasando a nivel local de las casi dos millones de papeletas hasta las 300.000. Otra es el consolidado avance de Vox, que prácticamente duplica su presencia en cuatro años desde los 800.000 votos cosechados en 2019 a nivel municipal a los 1,5 millones. La formación de extrema derecha, a su vez, se consolida como llave necesaria para los gobiernos del PP en todas las regiones que se tiñen de azul.
En el lado contrario se encuentra el descalabro del eje de las izquierdas. Todos los analistas apuntaban a que la división de partidos abocaría a una fragmentación que se confirmó en la noche electoral. El ejemplo más significativo del hundimiento de Unidas Podemos se da en Madrid, tanto a nivel autonómico como municipal.
Algo similar le ha ocurrido a las formaciones próximas al recién nacido proyecto de Yolanda Díaz, Sumar. Sus tres grandes referentes (Compromís, Más Madrid y Barcelona En Comú) han empeorado los resultados de hace cuatro años hasta el punto de que podrían perder los gobiernos en Valencia y Barcelona.
En la capital, la formación capitaneada por Rita Maestre ha pasado de ser la más votada en 2019, todavía gracias al efecto de Manuela Carmena, a perder más de 200.000 de sus 500.000 votos. Por su parte, entre los ganadores dentro de la izquierda podría contarse únicamente a EH Bildu, que gana terreno en Navarra y en las tres provincias vascas.
Pero una cosa es ser la lista más votada y otra muy distinta gobernar. Aunque el PP se ha proclamado ganador de estos comicios, tanto en el ámbito regional como en el municipal, son muy pocos los casos donde alcanza una mayoría suficiente para hacerlo en solitario. Para lograr la Presidencia autonómica o el cetro de alcalde o alcaldesa, los populares necesitarán el apoyo de Vox, un partido que ha dejado claro que no va a ofrecer su apoyo tan fácilmente. Los días hasta las proclamaciones parlamentarias o consistoriales se van a hacer muy largos en Génova.
Estrategia económica
Tampoco van a ser sencillos en Ferraz, donde tendrán que digerir que el PP vuelve a ser el partido más votado en el conjunto de España. Aunque la cifra se refiere a las elecciones municipales, y su proyección en unas elecciones generales siempre es parcial e incompleta, lo cierto es que el PSOE ve que el PP le adelanta a unos pocos meses de las elecciones generales. Ni siquiera la resistencia de la economía cuando hace un año se esperaba lo peor o las medidas sociales anunciadas en los últimos meses ha frenado la ola azul.
Las elecciones generales se celebrarán previsiblemente en invierno. Hasta entonces, el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía puede agarrarse a no pocos hitos de índole económica. El más destacado es, sin duda, la próxima presidencia del Consejo Europeo, que España asumirá durante seis meses a partir del 1 de julio. Durante la segunda mitad del año, España estará en el foco comunitario y mediático al llevar la batuta de importantes debates como el pacto de las nuevas reglas fiscales que tendrá que aprobarse antes de que termine 2023.
Igualmente, en estos meses, Europa tendrá que decidir su respuesta al desafío estadounidense en cuanto a las ayudas a la energía y la transición verde. Precisamente, la energía también seguirá siendo protagonista a medida que la Unión Europea tenga que dilucidar el futuro del mercado del gas.
De fondo, tanto Bruselas como el Banco Central Europeo confían en que la elevada inflación que todavía ahoga al continente habrá logrado frenarse a raíz de las intensas subidas de tipos decretadas por el supervisor en lo que va de año. La única duda a este respecto es cómo afectará al crecimiento económico de los países y, por lo tanto, al mercado laboral, dos bazas a las que Sánchez se ha agarrado durante los últimos meses y de las que, previsiblemente, podrá seguir tirando ahora que España entra en el mejor periodo para el empleo gracias a la temporada turística. Históricamente, hasta octubre y noviembre el empleo siempre aguanta a buen ritmo en España.
Entre las complicaciones de carácter económico que deja el nuevo tablero político poselectoral se encuentra el frente que liderará el PP contra toda gran medida que pueda impulsar el Gobierno central.
El mayor ejemplo es la recién aprobada ley de vivienda, en plena campaña electoral. Comunidades populares como Madrid y Andalucía ya anunciaron que no aplicarían la norma en sus territorios. Lo mismo hicieron los alcaldes más destacados. Ahora, con un PP más fortalecido y liderando varias de las regiones con mercados del alquiler más tensionados –como Comunidad Valenciana y Baleares– la ley de vivienda podría ver reducido drásticamente sus efectos reales.
La clara victoria del PP también supone un revulsivo para la política liberal de bajada de impuestos que promueve Núñez Feijóo y, especialmente, Díaz Ayuso. Además, complica más todavía cualquier eventual negociación para renovar el anticuado y muy criticado sistema de financiación autonómica, que precisa de un pacto entre el Gobierno central y las regiones.
